¿Para qué una constitución nueva? ¡Cumple primero la que ya tienes! (I)

El gobierno pretende reformar la constitución de 1999. ¿Para qué? ¿Le quedó acaso pequeña? Aquí en Cagá e País queremos dar un repaso veloz al articulado de la constitución actual y discutir, en un lenguaje llano y accesible, aquellos artículos que aparentemente el gobierno incumplió de la misma. Nuestra premisa es: ¿para qué una nueva constitución, si la vieja no la cumplieron? ¿Piensa entregarle usted un cheque en blanco a un gobierno y aprobarle una constitución nueva cuando la vieja la han pisoteado hasta el cansancio?

Este es una entrega por episodios, con la cual sólo aspiramos a contribuir a la información y el debate. A efectos de la fluida lectura, los artículos se presentan resumidos. Si desea ver la versión completa de la constitución de 1999, haga clic aquí. Para ver la propuesta de reforma, haga clic aquí.

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«Art. 2: Venezuela se constituye en un Estado (…) que propugna como valores superiores (…) la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.»

Vida. Libertad. Justicia. Igualdad. Solidaridad. Democracia. Ética. Pluralismo. Bonitas palabras para que se las expliquemos a las madres de los chamos de Kennedy. A las madres que cada lunes se apiñan a las puertas de las morgues con el alma en la boca, rezando -paradójicamente- para que su hijo perdido no aparezca, al menos no allí. ¿Piena que es necesario reformar la constitución? Explique entonces lo que este gobierno entiende por «Pluralismo», por «Ética» a las despedidos de PDVSA. A las víctimas de la lista Tascón. Explíquele a una madre si es «Justicia» hacer una cola para ver si hoy si hay leche.

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Art. 4: «La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución (…)»

Descentralización. Una bonita lucha que sin duda desde hace unos años a esta parte ha elevado un poco la calidad de vida en las ciudades del interior. Sin embargo, este proceso se ha ido revirtiendo a conveniencia política. Todas las decisiones, actualmente, pasan por Caracas. Se imponen candidatos a las regiones no por el ascendente que tengan sobre las mismas, o por la vida política que hayan desarrollado en las mismas, sino por la fidelidad a una causa. El uso de los recursos y del situado constitucional se hace de forma discriminatoria. Ahora se propone poner una especie de Vicepresidente regional, un funcionario no electo para supervisar a gobernadores escogidos democráticamente.

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Art. 5: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.»

Recuerden el slogan: Chávez es el Pueblo. Sustituyan, en el artículo anterior, las palabras «pueblo» y «popular» tendrán una idea bastante cercana a lo que parece estar pasando en realidad.

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Art. 13: «El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. (…) No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias.»
Art. 15: «El Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente (…)»

Desde hace años ya sufrimos la presencia de cubanos en nuestro territorio. De «médicos» cubanos que no saben poner una inyección. Tenemos a la guerrilla colombiana metida en nuestras ciudades y en nuestros campos, enseñoreadas, a plena luz del día, cobrando vacunas. Instalando sus campamentos en nuestro territorio, huyendo del asedio del ejército colombiano. Por si fuera poco, caminando por los pasillos de Miraflores, tomándose fotos y comiéndose nuestra comida.

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Art. 18: «(…) Una ley especial establecerá la unidad politicoterritorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad (…)»

Otra bellezura en el papel que no se ha cumplido en la práctica. Infructuosos han sido los esfuerzos de coordinación. ¿Y cómo van a ser felices esos esfuerzos, cuando el Alcalde Metropolitano, ente coordinador por ley, ha manifestado públicamente en repetidas ocasiones que él llegó para acabar con esa figura? Ahora proponen retrocedernos al Distrito Federal otra vez: al igual que en la cuarta, mi querido amigo sí-votante, no podremos escoger a nuestros gobernantes.

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Art. 21: «Todas las personas son iguales ante la ley (…) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.»

Sí: Venezuela sigue siendo un país racista y clasista. Soterradamente, es cierto, pero es inútil negar que esa lamentable aberración continúa. El problema se hace mayor aún cuando el gobierno, quien debe evitar a toda costa la discriminación, se transforma en el discriminador número 1. Discrimina políticamente. Se burla de quien no piensa como él. Tolera distintos grados de apartheid. No debe permitir discriminaciones por condición social, pero califica a su disidencia de «oligarcas», de «hijitos de papá ricachones». No debe permitir discriminación por raza, pero muchos de sus seguidores -y de sus funcionarios- son abiertamente xenófobos.

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Art. 26: «Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses (…) y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Civiles juzgados por tribunales militares. Sin acceso a su defensa. Presos sin saber los cargos por los que están acusados. Decisiones que se alargan sospechosamente. Juicios retrasados y dilatados por una cadena larguísima de formalismos.

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Art. 29: «El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.»

JA JA JA. Este artículo me recuerda esos folletines de esos productos que dicen «está hechos con materiales de primera y la tecnología más avanzada» y se rompen a la primera. ¿Cuántos «ajustes de cuenta» resistirían una investigación, siquiera somera? ¿Cuántas «resistencias a la autoridad» que se traducen en «sacado del rancho en la mitad de la noche y ajusticiado delante de su madre, de su esposa, de sus hijos»? Tenemos demasiado que andar en este asunto antes de pretender tener una sola ley nueva más.

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Mañana proseguiremos con esta serie de post sobre la constitución de 1999 y cómo ha sido doblada, violada, estirada, abusada hasta el cansancio. Por lo pronto, pregúntate en serio, con el corazón en la mano: ¿Voy a darle más poderes con esta nueva constitución a un gobierno que no ha sido capaz de cumplir y respetar la constitución vieja?